Lo que hemos defendido.
Asuntos reales, con la identidad de cada cliente protegida.
Una celadora de un servicio de urgencias de Pamplona mantenía desde 2017 un conflicto con personal administrativo del mismo servicio, con quejas por horarios y tiempos de descanso. En febrero de 2024 el conflicto se agravó. El Servicio de Prevención conocía la situación desde 2017 y las medidas adoptadas no lo resolvieron.
La sentencia, firme, aprecia la existencia de un conflicto laboral grave y condena al Servicio Navarro de Salud a indemnizar con 7.501 euros a la trabajadora por vulneración de su derecho a la integridad moral. Considera que la Administración incumplió sus obligaciones en materia preventiva y su propio protocolo, y que las medidas adoptadas fueron absolutamente insuficientes.
Un policía foral con 25 días de servicio fue acusado junto a otros dos agentes por la agresión a un detenido en los calabozos de la comisaría de Tudela, ocurrida el 12 de febrero de 2025. La agresión quedó grabada en cámara. El agente no tomó la iniciativa en ningún momento ni realizó actos agresivos por sí mismo, y actuó bajo la dirección de un superior experimentado.
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial absolvió al agente al considerar que, con solo 25 días en el cuerpo, se encontró ante una situación que no pudo impedir. El tribunal razonó que no le era exigible otra actuación en términos jurídicos: fue el superior, como agente experimentado, quien llevó la voz cantante durante toda la intervención.
Un fontanero de 47 años sufrió en enero de 2019 un accidente laboral al caer de una escalera, con fractura de sacro y coxis y afecciones en discos vertebrales. Tras ocho meses de baja fue dado de alta y se reincorporó a su puesto. En 2021 causó baja por enfermedad común con diagnóstico de dorsalgia. El INSS denegó la incapacidad permanente en septiembre de 2023 y el Juzgado de lo Social 4 de Pamplona desestimó la demanda.
La Sala de lo Social del TSJN revoca la sentencia de primera instancia y estima la demanda de incapacidad permanente total derivada de enfermedad común. La Sala desestima la incapacidad por accidente de trabajo por el tiempo transcurrido, pero reconoce la incapacidad total para la profesión habitual de fontanero por las limitaciones en columna cervical, dorsal y lumbar.
El 13 de julio de 2024, de madrugada, en el entorno de la plaza Santa María la Real de Pamplona, un hombre fue sorprendido realizando una venta de droga. Al identificarse un agente como policía, huyó y fue alcanzado. Según la sentencia, ofreció gran resistencia al arresto, golpeó repetidamente a los dos agentes y llevaba distintos tipos de droga encima.
Sentencia firme de conformidad que condena a 3,5 años de prisión por delito contra la salud pública y atentado a agentes de la autoridad. Se estiman las atenuantes de trastorno mental por consumo de drogas y reparación del daño. Se suspende el ingreso en prisión a condición de seguir un tratamiento ambulatorio. Se fija una indemnización de 4.400 euros a un agente. La acusación particular ejercida por el sindicato SUP en la causa valoró satisfactoriamente la resolución.
La Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) impuso en 2020 multas por un importe total de 3,4 millones de euros a varias compañías de autobuses por supuesta coordinación de ofertas en los concursos del transporte escolar en Navarra. Las empresas sancionadas recurrieron la resolución sancionadora.
La Audiencia Nacional anula las multas por 3,4 millones de euros que la CNMC impuso en 2020 a varias compañías de autobuses por supuesta coordinación de ofertas en los concursos del transporte escolar en Navarra.
En la madrugada del 29 de julio de 2024, agentes de la Policía Nacional acudieron a una bajera de Pamplona tras recibir un aviso. Un joven les impidió el acceso, respondió con insultos y actitud violenta y fue detenido tras agredir a uno de los agentes, que resultó herido. En el local se intervinieron varias armas, entre ellas un machete, un cuchillo, un bate de béisbol y un mangual medieval.
El Juzgado de Instrucción número 4 de Pamplona condenó al acusado por un delito de resistencia a once meses de prisión, al pago de costas y a una multa de 180 euros. El SUP Navarra, a través de su abogado, valoró la sentencia como favorable y anunció que seguirá personándose en las causas en las que resulte agredido un agente.
En junio de 2020 el sindicato dirigió un escrito interno a la Jefatura Superior denunciando el trato dado a varios afiliados por un mando policial y su hostilidad hacia la organización, y pidió su cese. Durante el verano de 2020 el mando demandó al sindicato por presunta vulneración del derecho al honor. El Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Pamplona estimó la demanda y condenó al sindicato al pago de 6.000 euros y costas.
La Audiencia Provincial de Navarra revocó esa condena y dio la razón al sindicato. El mando recurrió en casación y el Tribunal Supremo volvió a darle la razón al sindicato, con costas para el recurrente. Según el sindicato, la sentencia considera que las manifestaciones denunciadas son fruto de la libertad de expresión de un sindicato en el ejercicio de sus funciones. El fallo pone fin al proceso.
Tras los incidentes del 7 de marzo de 2024 en el Parlamento de Navarra durante una protesta del sector agrario, la Policía Foral citó a siete agricultores de los 19 identificados. Fueron detenidos y trasladados al juzgado de guardia como investigados. El atestado era muy reciente y la defensa no había podido analizarlo.
Los siete agricultores detenidos, citados por la Policía Foral, pasaron a disposición judicial como investigados y quedaron en libertad provisional sin medidas cautelares, con obligación de comparecer cuando sean llamados por el juzgado. No prestaron declaración ante la Policía Foral ni ante el juzgado de guardia, por encontrarse la instrucción en fase muy temprana.
Dos hombres agredieron a cuatro policías nacionales en Pamplona cuando los agentes acudieron a una llamada por altercados en un local de ocio. Los agentes requirieron la documentación a los dos individuos, que se negaban a abandonar el local, y estos comenzaron a agredirles, causando heridas de consideración. El sindicato SUP Navarra se personó como acusación particular en la causa.
Los dos agresores fueron condenados a nueve y tres meses de prisión respectivamente por delitos de atentado, resistencia y lesiones, con el pago de una indemnización económica de más de mil euros.
Un policía nacional fue acusado de trato vejatorio y humillante durante la detención de un joven en un bar de Pamplona, en marzo de 2021, por incumplimientos de la normativa covid. Se enfrentaba a dos años de prisión. Según la noticia, el agente dio un golpe con el canto de la mano en la cabeza del joven, que fue inmovilizado. Ninguno resultó lesionado. La Fiscalía pedía una multa para el detenido por resistencia grave.
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial absolvió al policía del delito contra la integridad moral. El tribunal consideró que empleó una técnica básica de reducción, el shuto, de las previstas en el protocolo. También absolvió al joven del delito de resistencia grave, al no considerar probados los comportamientos descritos por la Fiscalía.
Operario de Renfe con enucleación de un ojo, glaucoma y miopía magna en el otro, agudeza visual de 0,4 y campo visual reducido a 10 grados centrales. Según la resolución, no puede leer ni escribir ni distinguir monedas, necesita acompañamiento para cualquier trámite y no puede realizar tareas domésticas básicas. Presenta además un trastorno adaptativo con tratamiento psicoterapéutico y farmacológico.
La Sala estima el recurso del trabajador, revoca la sentencia de instancia y le reconoce la situación de gran invalidez, con una pensión vitalicia del 100% de la base reguladora incrementada en un complemento mensual por gran invalidez, con efectos desde el 7 de septiembre de 2023. La sentencia aplica la doctrina del Tribunal Supremo sobre la necesidad de auxilio de terceros y reprocha a la instancia una valoración incompleta de la prueba pericial.
Un auxiliar de producción que realizaba labores de jardinería padece fibromialgia, una pequeña hernia discal y problemas en las vértebras, así como un trastorno mixto ansioso-depresivo. Tiene reconocido un grado de discapacidad del 34% desde 2014 y del 45% desde 2023. El INSS rechazó concederle incapacidad alguna, al no apreciar reducciones anatómicas o funcionales que disminuyeran o anularan su capacidad laboral.
La Sección de lo Social del Tribunal de Instancia de Pamplona nº 1 concedió la incapacidad permanente total, en contra del criterio del INSS. La sentencia considera que el trabajo de jardinería exige esfuerzos físicos, aunque sean moderados, y posturas forzadas, que el demandante no puede realizar. No le concede la incapacidad permanente absoluta, al entender que sus dolencias le permiten realizar labores de corte ligero o sedentario sin esfuerzos físicos.
Hablemos.
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